La "cuestión kurda": disección de un conflicto

Oficialmente recibe el nombre de “cuestión kurda“, un eufemismo que sirve para denominar el largo conflicto librado dentro y más allá de las fronteras de Turquía entre el Estado turco y su minoría kurda de entre 12 y 15 millones de personas. Un conflicto cuya expresión más sangrienta es la guerra de baja intensidad que desde la década de los ochenta enfrenta al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) -grupo armado clasificado como terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos- y el ejército y la policía turcas. Una guerra de baja intensidad que ya ha dejado por el camino un reguero de más de 40.000 muertos, además de millones de desplazados dentro de la propia Turquía. Éste es el primer post de un viaje de dos semanas por Estambul y Diyarbakir para intentar diseccionar el actual momento que atraviesa este conflicto sin aparente final. La denominada “cuestión kurda” sigue siendo en Turquía, puente geográfico entre Europa y Asia además de candidato oficial a entrar en la Unión Europea desde 1999, un elemento fundamental para entender el largo y lento proceso de democratización iniciado por las instituciones turcas hace más de una década. Un proceso con evidentes avances, como la abolición de la pena de muerte o la cierta apertura respecto a los derechos culturales y lingüísticos de las minorías, pero al que todavía le queda un largo camino por recorrer. La fachada occidental que el Estado turco ofrece en su dinámica y cosmopolita capital cultural, Estambul, esconde un evidente déficit democrático y una flagrante lesión de los derechos humanos más elementales que deberían ser respetados por cualquier Estado que pretenda considerarse democrático. La “cuestión kurda” y su consecuente y particular guerra son uno de los marcos en el que parte de esas lesiones tiene lugar. No el único. “Parcialmente libre” Turquía es una República con una democracia parlamentaria en la que los derechos y libertades individuales y colectivos, así como la libertad de prensa y opinión, son respetados “sólo parcialmente”. Es la conclusión del último informe anual de la ONG Freedom House. Algunos pensarán que los informes de esta organización estadounidense son parcialmente objetivos, pues, por ejemplo, Israel no aparece en su listado de países cuyos gobiernos no respetan los derechos humanos más fundamentales. Cierto, pero Freedom House no es la única organización que llama la atención sobre la situación de los DDHH en Turquía: un informe de Human Rights Watch denuncia el uso por parte del Estado turco “de leyes antiterroristas para perseguir a manifestantes kurdos como si fueran militantes armados, para violar los derechos de la libertad de opinión, asociación y asamblea”. Amnistía Internacional también recoge en su informe anual de 2010 las constantes denuncias de torturas y malos tratos sufridos por ciudadanos turcos a manos de las fuerzas de seguridad, muchas de ellas en la parte suroriental del país, donde se concentra buena parte de la población kurda. En esa misma dirección apunta el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas. La Comisión Europea, como poder ejecutivo de la UE, es la encargada de monitorear los avances realizados por los países candidatos a entrar en la Unión en cuestiones como el funcionamiento efectivo de la economía de libre mercado, la separación efectiva de poderes, el respeto de los derechos humanos o la protección de las minorías. Curiosamente (o no tanto), mientras Turquía sólo tuvo el estatus de Estado candidato, los informes anuales de la Comisión hacían referencia a la “cuestión kurda” como un asunto independiente al que, en su opinión, Turquía tenía que encontrar una urgente solución. Pero a partir de 2005, cuando las negociaciones se abrieron oficialmente, eso comenzó a cambiar. En su informe de 2010 correspondiente a Turquía, la Comisión diluía la “cuestión kurda” en el apartado dedicado a derechos humanos y minorías como un elemento más de la situación en el país. La “cuestión kurda” dejaba así de ser, a ojos de la Comisión, un asunto al que Gobierno del primer ministro Recep Taayip Erdogan y su moderadamente islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) tuvieran que prestar una especial atención. Es innegable que la UE, a través de su soft power de incentivos económicos y programas de cooperación comercial, ha ejercido presión sobre Ankara y obligado al Estado turco a dar pasos hacia la apertura democrática. Pero esa influencia quedará en nada si la UE y la Comisión dejan de llamar a las cosas por su nombre y utilizan un lenguaje diplomático inofensivo para evitar que Turquía acuse a la Unión de intentar dinamitar su unidad e identidad nacionales, como apunta el politólogo turco Kemal Kirişki en su recomendable artículo The Kurdish issue in Turkey: Limits of European Union Reform. “Cuestión de intereses” “Al menos el actual Gobierno reconoce tener un problema”, afirma Osman, un joven programador informático de 28 años que se gana la vida como camarero en Estambul. Osman se refiere, quizá sin quererlo, a la llamada “iniciativa democrática” puesta en marcha por el gobierno islamista del primer ministro Erdogan. Pese a todo, Osman opina que al Gobierno turco no le interesa acabar con una guerra que le da muchos réditos políticos y le permite aplicar legislación de excepción. Alí es kurdo y vive en Estabul desde hace cinco años, aunque originalmente es de Diyarbakir, la ciudad considerada capital del Kurdistán turco y situada en el sureste del país. Alí me niega que haya habido progresos considerables con la “iniciativa democrática” impulsada por Erdogan, al que califica de “buen mentiroso”. No en vano, “los intentos de alcanzar la paz en el pasado, como los del los de la década de los 90, no consiguieron construir un apoyo social y político suficiente para la paz, (…) mientras que otros planes no fueron diseñados para resolver las raíces del conflicto, sino más bien para mantener el conflicto y sus niveles de violencia bajo control”, según apunta Ana Villellas, de l’Escola de Cultura de Pau, en su excelente informe Turkey and the Kurdish question: Reflecting on peacebuilding. El conflicto parece así encontrarse en un punto muerto tras un nuevo intento de acercar posiciones. Las palabras de algunos de sus protagonistas apuntan a que, en efecto, la “cuestión kurda” se mantiene en una situación de confrontación latente que puede estallar en cualquier momento en las grandes ciudades occidentales como Estambul o Izmir si la cuerda se tensa entre el PKK y el ejército turco en la parte oriental. Mientras charlo con el joven programador Osman sobre esto y aquéllo en el salón de su casa, con el Bósforo a nuestros pies, aparecen en la televisión unas imágenes de agentes de policía que aplican sprays de pimienta y detienen a activistas en una concentración en la céntrica plaza de Taksim de Estambul. Le pregunto de qué se trata y me dice que es una manifestación organizada por miembros del Partido de la Paz y la Democracia (BDP, partido nacionalista kurdo). Entre los manifestantes, que protestan contra las condiciones de aislamiento penitenciario que sufre el líder del PKK Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999, reconozco a la diputada del BDP Sebahat Tuncel, a la que entrevisté hace un par de años en mi primera y última visita a Estambul. Leo después en agencias que la policía detuvo a 120 personas y que los enfrentamientos con los antidisturbios continuaron en calles adyacentes a la céntrica plaza. La herida kurda, por tanto, parece lejos de estar sanada. “Es una cuestión de intereses”, remata Osman.

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