“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritan los manifestantes, muchos de ellos familiares de asesinados y desaparecidos procedentes de diferentes Estados de México. Es la primera marcha convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) desde que finalizara la caravana por Estados Unidos encabezada por el poeta Javier Sicilia. Medio centenar de personas avanza escoltado por una nube de periodistas además de por un importante dispositivo policial.

El narcotráfico y la criminalidad organizada derivada del mismo no son fenómenos nuevos en México, como muchos puedan pensar ante la avalancha de informaciones ofrecidas por medios de todo el mundo sobre asesinatos en masa, decapitaciones y descubrimientos de grandes alijos de cocaína o marihuana en dirección a Estados Unidos. Como bien explica Ioan Grillo (periodista inglés afincado en México desde 2001) en su libro El narco, el cultivo de amapola (base de la heroína y el opio) y cannabis en las sierras mexicanas se remonta décadas atrás.

“Enrique Peña Nieto condena el asesinato del diputado electo en Sonora, Eduardo Castro”. “Asesinan a diputado Jaime Serrano”. “91,6 % de delitos no se denuncian en México”. Son algunos de los titulares que los mexicanos reciben a diario en sus teléfonos móviles a través de diferentes servicios informativos. Titulares que resumen la relativa normalidad con la que la ciudadanía mexicana convive con la violencia e impunidad generadas por los enfrentamientos entre los diferentes cárteles y grupos criminales que operan en el país, así como por la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente en funciones, Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional -PAN-).

La azafata de tierra hizo una mueca de sorpresa al comprobar en mi billete que, efectivamente, mi vuelo era a Diyarbakir. Supongo que, como buen (supuesto) turista, mi destino debería haber sido Antalia o Izmir. Nada más lejos de la realidad. Al tomar ese avión dejaba atrás una fructífera semana en Estambul cargada de entrevistas con académicos, intelectuales, periodistas, cooperantes y gente a pie de calle para dirigirme a uno de los escenarios de la “cuestión kurda”: la capital del Kurdistán turco.

En la política turca nada es lo que parece. Ésta es una de las máximas con las que se manejan los periodistas extranjeros en este país para intentar no errar en sus análisis. Es algo en lo que coinciden Andrés Mourenza, que trabaja para la agencia EFE y El Periódico de Catalunya, y Ricardo Ginés, quien lo hace para La Vanguardia. No en vano, “sólo los charlatanes y los imbéciles creen comprenderlo todo” y “mejor me callo” son dos citas sacadas de sus respectivos blogs periodísticos cocinados desde Estambul.

“Algo ha pasado en Ankara. Un coche bomba, parece”, me dice nervioso Murat Sofuoglu, coordinador de la ONG Ekopoltik, tras atender una llamada y colgar el teléfono. El diario on-line de izquierdas y pro-derechos humanos Bianet informa de una “explosión en un minibus” en una céntrica calle de la capital administrativa de Turquía, cerca de un edificio gubernamental y una escuela. Hay al menos tres muertos y de decenas de heridos, además de numerosos coches destrozados y cuantiosos daños materiales.

Oficialmente recibe el nombre de “cuestión kurda“, un eufemismo que sirve para denominar el largo conflicto librado dentro y más allá de las fronteras de Turquía entre el Estado turco y su minoría kurda de entre 12 y 15 millones de personas. Un conflicto cuya expresión más sangrienta es la guerra de baja intensidad que desde la década de los ochenta enfrenta al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) -grupo armado clasificado como terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos- y el ejército y la policía turcas.