Hacía años que informes y activistas venían denunciando que México estaba sufriendo la peor crisis de Derechos Humanos de la historia reciente de América Latina. Con cientos de miles de muertos y desaparecidos acumulados durante la última década, marcada por la (mal) llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, esas cifras colocan al país más allá incluso de los índices de vulneración de derechos fundamentales de las dictaduras militares del Cono Sur del siglo pasado.

La política de seguridad del ex presidente mexicano Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional, PAN) ha llevado al país americano “a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Ésta es la dura afirmación que vierte la organización Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, según el cual hay indicios que sustentan la sospecha de que miles de civiles fueron desaparecidos por soldados y policías mexicanos durante la Administración Calderón (2006-2012).

México tiene un nuevo Gobierno desde el pasado 1 de diciembre. Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió el testigo de manos del ya expresidente Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN). La llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada por Calderón en 2006 ha marcado a fuego el sexenio legislativo recién acabado: es decir, el despliegue del ejército y la policía en las calles de México para combatir los carteles de la droga y los grupos criminales que operan en el país.

Los movimientos memorialistas y de derechos humanos de Argentina y Chile han conseguido en los últimos años recuperar espacios de represión y tortura para convertirlos en centros de paz y cultura. Algo impensable hace apenas unos años. Dos miembros de Contrast, Iolanda Parra y Sergi Picazo, han visitado los principales centros de tortura de las dictaduras argentina y chilena, pudiendo conocer cómo estos espacios de horror hoy en día están abiertos a la sociedad para recordar, descubrir los hechos y homenajear a las víctimas.

Con motivo de las elecciones presidenciales de junio de 2009 en Irán, dos miembros de Contrast, Carlos Castro y Oriol Andrés, nos desplazamos a Teherán para cubrir el proceso. Los días previos a la votación, el clima social era festivo y abierto, parecía que serían unas elecciones tranquilas. En medio de este ambiente, pudimos concertar una entrevista con la abogada pro Derechos Humanos y de la mujer, Nasrin Sotoudeh. En ese momento ella ya había sido arrestada una vez, tenía dos causas abiertas y no podía salir de Irán.