La política de seguridad del ex presidente mexicano Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional, PAN) ha llevado al país americano “a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Ésta es la dura afirmación que vierte la organización Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, según el cual hay indicios que sustentan la sospecha de que miles de civiles fueron desaparecidos por soldados y policías mexicanos durante la Administración Calderón (2006-2012).

No hace mucho tiempo, la mayoría de la sociedad alemana (medios, instituciones, partidos políticos…) coincidía en que el neonazismo no suponía una gran amenaza para el sistema democrático de la República Federal. Con una serie de formaciones políticas de representación marginal en los Parlamentos regionales y actos de violencia política y xenófoba, esporádicos pero visibles de forma social, en Alemania cundía el consenso sobre el carácter, relativamente, inofensivo de la extrema derecha.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritan los manifestantes, muchos de ellos familiares de asesinados y desaparecidos procedentes de diferentes Estados de México. Es la primera marcha convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) desde que finalizara la caravana por Estados Unidos encabezada por el poeta Javier Sicilia. Medio centenar de personas avanza escoltado por una nube de periodistas además de por un importante dispositivo policial.

El narcotráfico y la criminalidad organizada derivada del mismo no son fenómenos nuevos en México, como muchos puedan pensar ante la avalancha de informaciones ofrecidas por medios de todo el mundo sobre asesinatos en masa, decapitaciones y descubrimientos de grandes alijos de cocaína o marihuana en dirección a Estados Unidos. Como bien explica Ioan Grillo (periodista inglés afincado en México desde 2001) en su libro El narco, el cultivo de amapola (base de la heroína y el opio) y cannabis en las sierras mexicanas se remonta décadas atrás.

“Enrique Peña Nieto condena el asesinato del diputado electo en Sonora, Eduardo Castro”. “Asesinan a diputado Jaime Serrano”. “91,6 % de delitos no se denuncian en México”. Son algunos de los titulares que los mexicanos reciben a diario en sus teléfonos móviles a través de diferentes servicios informativos. Titulares que resumen la relativa normalidad con la que la ciudadanía mexicana convive con la violencia e impunidad generadas por los enfrentamientos entre los diferentes cárteles y grupos criminales que operan en el país, así como por la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por el presidente en funciones, Felipe Calderón (del conservador Partido de Acción Nacional -PAN-).

Ciudad kurda de Mardin, situada en el sureste del Estado turco. Empecé este viaje hace dos semanas con el pretencioso objetivo de diseccionar al actual estado de la “cuestión kurda”. Un objetivo extremadamente complicado teniendo en cuenta que nada es lo que parece en un mapa político turco, en el que los intereses de las diversas partes implicadas se entrelazan e incluso se intercambian. Sin embargo, tras una veintena de entrevistas, la lectura de artículos e informes, y la pura observación, puedo decir que he alcanzado una buena visión general de la situación.

Cuando los conflictos entran en una espiral de violencia, las partes implicadas se enzarzan en una dinámica de acción y reacción. Es el caso de la “cuestión kurda”: tras el atentado de la semana pasada en Ankara, reivindicado por una facción del PKK, las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de operaciones que acabaron en tiroteos con miembros del grupo armado. Además, la aviación militar turca sigue intensificando sus bombardeos sobre posiciones del PKK en las montañas del norte de Irak (en Diyarbakir se puede escuchar hasta una docena de despegues de cazas al día).

Las imágenes que abren este post fueron tomadas el pasado lunes por la noche en Batman, ciudad situada a apenas 100 kilómetros al oeste de Diyarbakir. Son imágenes de una nueva refriega entre miembros del PKK y las fuerzas de seguridad turcas. La web Bianet, de izquierdas y pro-kurda, informa de que el enfrentamiento comenzó tras el ataque de “supuestos” activistas del PKK contra un coche de policía. Una mujer embarazada y una niña de seis años murieron en el fuego cruzado, y un policía y tres civiles resultaron heridos.

La azafata de tierra hizo una mueca de sorpresa al comprobar en mi billete que, efectivamente, mi vuelo era a Diyarbakir. Supongo que, como buen (supuesto) turista, mi destino debería haber sido Antalia o Izmir. Nada más lejos de la realidad. Al tomar ese avión dejaba atrás una fructífera semana en Estambul cargada de entrevistas con académicos, intelectuales, periodistas, cooperantes y gente a pie de calle para dirigirme a uno de los escenarios de la “cuestión kurda”: la capital del Kurdistán turco.

En la política turca nada es lo que parece. Ésta es una de las máximas con las que se manejan los periodistas extranjeros en este país para intentar no errar en sus análisis. Es algo en lo que coinciden Andrés Mourenza, que trabaja para la agencia EFE y El Periódico de Catalunya, y Ricardo Ginés, quien lo hace para La Vanguardia. No en vano, “sólo los charlatanes y los imbéciles creen comprenderlo todo” y “mejor me callo” son dos citas sacadas de sus respectivos blogs periodísticos cocinados desde Estambul.

Centenares de migrantes africanos y asiáticos se concentran en la ciudad portuaria de Calais, en la costa norte de Francia, intenando llegar al Reino Unido por mar o cruzando el eurotúnel. Dos miembros de Contrast pasaron alli tres días pocas semanas antes del primer aniversario del desalojo ordenado por Sarkozy. Actualmente, la ley bautizada como ‘Delito de solidaridad’, contempla hasta cinco años de cárcel y una multa de 30.000 para aquellos que ayuden a los migrantes.

Los movimientos memorialistas y de derechos humanos de Argentina y Chile han conseguido en los últimos años recuperar espacios de represión y tortura para convertirlos en centros de paz y cultura. Algo impensable hace apenas unos años. Dos miembros de Contrast, Iolanda Parra y Sergi Picazo, han visitado los principales centros de tortura de las dictaduras argentina y chilena, pudiendo conocer cómo estos espacios de horror hoy en día están abiertos a la sociedad para recordar, descubrir los hechos y homenajear a las víctimas.

Reportaje fotográfico Ganador del X Fòrum Fotogràfic de Can Basté “Hay ciudadanos de primera, de segunda e incluso de tercera, pero a nosotros no nos consideran ni ciudadanos”. Alfonso Resignadas con la vida, bajo el puente de Bac de Roda sobrevive una decena de personas sin hogar. El desahucio está cerca, la impoluta estructura blanca, diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava, coronará la futura estación del tren de alta velocidad en el barrio de la Sagrera.