En México estamos viviendo una reedición de la guerra sucia

Hacía años que informes y activistas venían denunciando que México estaba sufriendo la peor crisis de Derechos Humanos de la historia reciente de América Latina. Con cientos de miles de muertos y desaparecidos acumulados durante la última década, marcada por la (mal) llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, esas cifras colocan al país más allá incluso de los índices de vulneración de derechos fundamentales de las dictaduras militares del Cono Sur del siglo pasado. El trágico caso de los 43 de Ayotzinapa representa, no obstante, un episodio de fuerte carga simbólica que deja además patente el origen fundamental de la enorme crisis de Derechos Humanos que sufre México: la colusión entre instituciones y crimen organizado, en la que hay quien ve sólo una expresión más del modelo neoliberal que rige los designios del país desde hace décadas. Teólogo, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Guerrero es una voz reconocida en el activismo civil mexicano. En una reciente visita a Alemania, donde en 2011 fue galardonado por Amnistía Internacional por su labor en el violento Estado de Guerrero, Barrera no dudó en ligar a las más altas estancias del Gobierno federal con el crimen organizado y el narcotráfico.

Señor Barrera, ¿por qué cree que el caso de los jóvenes de Ayotzinapa ha provocado tal reacción internacional, teniendo en cuenta que hace años que en México rigen la colusión entre instituciones y crimen organizado y la violación sistemática de los Derechos Humanos? Lamentablemente, en nuestro país la situación siempre se trata de ocultar. El mismo presidente de la República se deslindó de su responsabilidad en esta ocasión. Nadie creía que los estudiantes iban a desaparecer; todos pensábamos que a lo mejor se había refugiado en algún lugar ante la represión. Pero su desaparición provocó que los padres se comenzaran a concentrar, y desde ahí se gestó este movimiento de reclamo global por la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. ¿Y por qué ha cobrado el caso de los jóvenes de Ayotzinapa tal dimensión? Porque en él se concentra una tragedia en la que están involucrados policías, el presidente municipal de Iguala y su esposa, porque hay omisión por parte del Gobierno federal y porque el ejército no impidió que ocurriese lo que ocurrió. El Estado mexicano en su conjunto, y sobre todo las instituciones encargadas de dar seguridad, fueron cómplices. Hay poderes fácticos en nuestro país que están influyendo en la manera de ejercer el poder, y de atentar contra la vida y los derechos fundamentales de la población. Sobre todo, cuando se trata de expresiones públicas de protesta, como en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. O tal como ya ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando policías estatales y federales mataron a dos estudiantes en Guerrero, crimen por el cual todavía no se ha castigado a nadie. ¿Cómo cree que podría combatirse la galopante impunidad que sufre su país? En el caso concreto de Ayotzinapa, primero tiene que haber una investigación profunda con la asistencia técnica de expertos internacionales. Segundo, se tiene que arrancar de raíz la corrupción y se tienen que depurar las policías. No puede ser que sigamos dependiendo de agentes que están coludidos con el crimen organizado. En México no hay garantías de seguridad ni confianza en las autoridades. Somos un país de víctimas y desaparecidos. Actualmente Alemania y México están negociando la firma de un acuerdo de seguridad. Un acuerdo que prevé la colaboración entre ambos gobiernos en cuestiones policiales, muy controvertido porque existen precedentes deventa de armas de Alemania a México que acabaron en manos de crimen organizado o con las que los cuerpos de seguridad mataron a civiles….

Los resultados de las ventas de armas de Alemania al Gobierno mexicano están ahí: esas armas se usaron para matar a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque está probado que la policía usó armas alemanas. Es decir, no hay control. Hay una venta ilegal de armas, armas que supuestamente fueron entregadas al ejército bajo un convenio. Estos son los antecendentes y no hay garantías para que se respeten estos acuerdos; ahora, un convenio de asistencia técnica para seguir capacitando a los mismos policías, que siguen usando esas armas y que están coludidos con el crimen organizado, supondría repetir historias trágicas y ser demasiado tercos en una estrategia de formación de las fuerzas de seguridas mexicanas. Lamentablemente, se trata de cuestiones más profundas, y por ello tiene que haber una reestructuración más integral de las instituciones de seguridad y de justicia en nuestro país. Usted traza una relación entre la represión política sufrida en Guerrero en la década de los 70 y la actual situación… En México estamos viviendo una reedición de la guerra sucia porque se permiten las desapariciones. En la década de los 70, en Guerrero desaparecieron más de 600 personas. No se ha dado con el paradero de ninguna de ellas. El caso de Rosendo Radilla llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano para que diera con su paradero, sin éxito. Esa guerra sucia se está reeditando, pero ahora con la participación del crimen organizado: se ha permitido que la delincuencia sea parte del Gobierno. ¿Cree la versión presentada por la Procuradoría General de República, que da por muertos a los jóvenes? Nosotros, como parte defensora de los estudiantes, sentimos que faltan muchos elementos probatorios y científicos. Mientras no haya pruebas fehacientes, para nosotros y para los padres siguen vivos. Mientras el Gobierno no pueda demostrar, tal y como es su responsabilidad, que los jóvenes están muertos, para la memoria colectiva del pueblo de México es una lucha para que aparezcan vivos. Seguir a @andreujerez

• Derechos Humanos
• Entrevista
• México
• América Latina
• Mèxic