Víctimas de primera, segunda y tercera

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritan los manifestantes, muchos de ellos familiares de asesinados y desaparecidos procedentes de diferentes Estados de México. Es la primera marcha convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) desde que finalizara la caravana por Estados Unidos encabezada por el poeta Javier Sicilia. Medio centenar de personas avanza escoltado por una nube de periodistas además de por un importante dispositivo policial. Su meta: las puertas de la Secretaría de Gobernación, en el centro institucional de la Ciudad de México. Su objetivo: protestar contra la impunidad e injusticia que, en su opinión, han caracterizado el sexenio legislativo que el actual presidente en funciones, Felipe Calderón (PAN), está a punto de culminar.

Un sexenio marcado por una sangrienta guerra contra el narcotráfico iniciada por el mismo Calderón que se ha cobrado cientos de miles de víctimas civiles, militares y policiales, y que, a las puertas de un nuevo gobierno priísta, parece estar entrando en una nueva fase a tenor de las últimas informaciones sobre detenciones y muertes de capos criminales; una nueva fase que podría estar catacterizada por una fragmentación aún mayor de los diferentes cárteles de la droga que operan dentro de las fronteras de México y por un consecuente incremento de las víctimas civiles. La trágica cifra exacta de esta guerra no declarada, la de los muertos y desaparecidos, está por tanto aún por determinar. Para los convocantes de la marcha no hay duda: en la llamada “guerra contra el narco” hay víctimas de primera, de segunda y de tercera categoría. Las de primera son las que el Gobierno federal atiende con rapidez y cuyos casos son estudiados y resueltos en cuestion de días e incluso horas. Las de segunda son las que tienen que “mendigar justicia”, tal y como dice con dureza uno de los familiares de las víctimas representadas por el MPJD. Los presentes se van pasando un megáfono ante las puertas de la Secretaría de Gobernación para explicar sus casos. A algunos les pueden las lágrimas que les asaltan durante el discurso y tienen que callar. Sus gritos de rabia vuelven minutos después.

Las víctimas de tercera categoría, me comenta una asistente a la marcha, son los inmigrantes ilegales procedentes de Centroamérica que, de camino al sueño estadounidense, son asesinados impunemente en suelo mexicano por la policía, el ejército o los mismos cárteles. Sus muertes difícilmente engrosarán la cifra oficial de víctimas. Esa categorización del sufrimiento queda reflejada en la carta que los representantes del MPJD consiguen entregar a Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación: “El estado mexicano ha dado una gran lección en estos días: con la participación conjunta de la Marina, el Ejercito, la PGR (Procuradoría General de la República) y el gobierno del estado de Coahuila, se ha resuelto en menos de 48 horas el asesinato del joven José Eduardo Moreira, ya se ubicaron a los responsables materiales e intelectuales. (…) Venimos a exigirle cuentas de nuestros casos, señor Poiré, sabiendo que ninguno de nuestros hijos, esposos, hermanos, se apellidaba Beltrones, Peña Nieto o Muriño, apellidos que de haber estado en nuestro lugar seguramente hubiesen provocado una reacción similar a la del joven Moreira”, apunta el escrito, haciendo referencia al caso de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador del Estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, así como a otras muchas víctimas que no han recibido audiencia ni atención por parte del presidente Calderón. Los participantes en la marcha no tienen una buena opinión de las tres asociaciones no gubernamentales que, con un presupuesto público aprobado por el Gobierno federal, están coordinando la construcción del controvertido Memorial a las Víctimas de la Violencia, levantado en el Campo de Marte, un terreno precisamente militar. Diferentes miembros del MPJD me reconocen que consideran a asociaciones como SOS México o Alto al Secuestro afines idelógicamente al Gobierno de Calderón y, por tanto, no representativas de sus casos. La demanda del MPJD es clara: un memorial tan simbólico tiene que representar a todas las víctimas (también a las de la violencia estatal) y no puede estar construido en un terreno perteneciente al ejército. El memorial está provocando una nada sana división de las víctimas de la “guerra contra el narco”, me reconoce Francisco Romero, coordinador de la asesoría jurídica del MPJD. Con el paso de las horas, la manifestación ante las puertas de la Secretaría de Gobernación se va disolviendo pacíficamente. Antes de que los manifestantes abandonen definitivamente el espacio, una periodista le pregunta a El Vaquero, un destacado y carismático miembro del Movimiento por la Paz cuyo hijo permanece desaparecido: “Y esto, ¿cómo sigue?”. A lo que El Vaquero responde con un escueto y contundente: “No lo sé; sólo te puedo asegurar que seguiremos”.

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